Según Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), la demanda en contra de su nombramiento como cabeza de esa entidad tiene motivaciones políticas.
Carrillo afirma que la demanda fue instaurada como represalia por haber frenado el giro de 140 mil millones de pesos a Corpourabá y a Corantioquia.
En la acción judicial presentada ante el Consejo de Estado se cuestiona que Carrillo tenga una profesión que no está relacionada con el cargo y que su única experiencia sea haber sido concejal de Bogotá.
El funcionario ha aprovechado su presencia en la Cámara de Representantes para responder a esta situación y realizar un señalamiento directo sobre quién estaría detrás de dicha acción, apuntando hacia Daniel Quintero como la persona que estaría impulsando esta demanda.
