El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, ha precisado que los delitos que se cometan con posterioridad a la entrada en vigor del acuerdo final quedan sometidos a la jurisdicción de la Justicia Ordinaria y no a la Jurisdicción Especial de Paz.
“Todo delito que se consuma con posterioridad a la entrada en vigor del acuerdo será objeto de investigación, acusación y condena únicamente por parte de la jurisdicción ordinaria, con sujeción al régimen de penas y de procedimiento ordinario”, indicó la Fiscalía.
Frente a delitos como el reclutamiento de menores, conservación de cultivos ilícitos, entre otros, cometidos con anterioridad a la entrada en vigencia del Acuerdo Final, serán de competencia de la Fiscalía General de la Nación si se prolongan en el tiempo con posterioridad a dicha vigencia.
Sobre el patrimonio ilícito acumulado durante el conflicto, que no se encuentra saneado; el Fiscal precisó que se investigará y de hallar evidencias de su uso, trasformación o manejo, dará lugar a un proceso por lavado de activos.
