En respuesta a la reciente ola de ataques y amenazas contra los guardias del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), el Gobierno colombiano ha declarado una emergencia carcelaria a nivel nacional.
La medida, anunciada por el ministro de Justicia, Néstor Osuna, tiene como objetivo fortalecer la protección del personal del Inpec. Esta declaración facilita el apoyo inmediato de la Policía y las Fuerzas Militares para brindar seguridad adicional al personal del Inpec y mantener el orden dentro de las instalaciones carcelarias.
La emergencia carcelaria permitirá la asignación de recursos para bloquear las señales de telefonía dentro de las cárceles con la colaboración de operadores de telefonía. Además, se implementarán medidas como el aislamiento de personas privadas de la libertad que se sospeche estén involucradas en extorsiones o disturbios, con la posibilidad de sustituir, limitar o cambiar sus visitas por encuentros virtuales.
La medida se toma en medio de la preocupación por la seguridad del personal del Inpec, evidenciada por el reciente asesinato de un guardia en Cartagena y un atentado en la cárcel de Jamundí, Valle del Cauca, que dejó varios funcionarios heridos.
El director del Inpec, coronel Daniel Gutiérrez, reveló que más de 200 funcionarios del Inpec han sido amenazados, y se evaluarán medidas de seguridad personalizadas, como traslados y cambios de horario, para proteger a los guardias en riesgo. La declaratoria de emergencia también se suma a la operación ‘Domino’, dirigida a combatir la extorsión carcelaria y desmantelar estructuras delictivas en prisión, como la banda La Inmaculada.
