La Oficina del Alto Comisionado para la Paz en Colombia, dirigida por Otty Patiño, ha sido objeto de críticas por la contratación de 136 nuevos cargos, sumando un total de 149 funcionarios.
La senadora Paloma Valencia reveló un derecho de petición en el que la Presidencia de la República informa que esta contratación costará al Estado más de 30.000 millones de pesos para el año 2024.
Según el documento, el presupuesto desglosado incluye cerca de 20.000 millones de pesos para salarios, 1.152 millones para prestaciones sociales, 584 millones para otras prestaciones no salariales y 6.878 millones para contribuciones relacionadas con salud, pensión, cesantías y caja de compensación.
La creación de esta planta transitoria responde a las funciones asignadas a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, centradas en el cumplimiento del Acuerdo de Paz y del Fondo de Programas Especiales para la Paz, según lo establecido en el Decreto 2647 de 2022.
La senadora Valencia cuestiona el uso de los impuestos de los colombianos para financiar estas contrataciones, considerándolas como una expansión de la burocracia en el Gobierno del presidente Gustavo Petro. La polémica surge en medio de debates sobre la eficiencia y el uso adecuado de los recursos públicos.
