La Contraloría General de la República realizó una auditoria al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) sobre la ejecución contractual del 2021 al 30 de junio del 2022.
El ente de control aseguró que encontraron un incumplimiento por $9.127.561.522. 62 hallazgos administrativos, de los cuales 20 tienen incidencia fiscal, tres beneficios de auditoría, ocho con presunta connotación penal, ocho con apertura de indagación preliminar y seis con otras incidencias.
“Se detectaron incumplimientos o situaciones en los contratos de la muestra seleccionada, suscritos por el ICBF para la prestación de servicios de Atención a la Primera Infancia, dichas situaciones están relacionadas principalmente con: deficiencias en los estudios previos en lo que respecta o la falta de detalle o descripción sobre cuáles y cómo fueron los cálculos que se realizaron para establecer el valor de las canastas diferenciales según cada componente”, señaló la Contraloría.
Encontraron condiciones de riesgo en las sedes para prestar los servicios a los menores, niños y niñas sin la documentación requerida, entrega de alimentos no aptos para el consumo, beneficiarios y entrega de alimentos a menores presuntamente fallecidos no reportados por la entidad
