Redacción. El Consejo de Estado programó para el próximo 5 de octubre la audiencia de pérdida de investidura en contra del senador Gustavo Bolívar.
En la demanda se pide la muerte política del congresista por presuntamente financiar al grupo conocido como Primera Línea, en el marco del Paro Nacional.
De acuerdo con la información conocida, el accionante consideró que Bolívar vulneró el artículo 110 de la Constitución Política, en el que se prohíbe a los funcionarios públicos financiar movimientos políticos o candidatos.
En este sentido, la Primera Línea fue catalogada como un movimiento político, creado en medio de la fuerte jornada de protestas que vivió el país.
La acción judicial precisa que el senador participó en la búsqueda de financiación de este grupo, pues en varias de sus publicaciones en Twitter abrió una colecta de ayudas económicas.
El demandante aseguró que los recursos obtenidos habrían sido enviados a través de la ONG Manos Limpias, fundada por Bolívar. Para ello, fueron anexados facsímiles y facturas que evidenciarían el movimiento de dinero en la plataforma ‘Vaki’.
Es preciso señalar que la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría General de la Nación también adelantan investigaciones contra el senador, por estos mismos hechos.
