Las autoridades sanitarias del Valle del Cauca, en colaboración con los gerentes de clínicas y hospitales de la región, se han reunido para abordar la preocupante situación financiera que enfrenta la red de salud del departamento.
Con una deuda conjunta de aproximadamente dos billones de pesos por parte de las EPS, la intervención reciente de entidades como Sanitas y la Nueva EPS por la Superintendencia de Salud ha aumentado la incertidumbre sobre la estabilidad del sistema de salud.
Ante esta crisis, la gobernadora Dilian Francisca Toro ha propuesto una solución que busca garantizar la continuidad y calidad de los servicios de salud en la región. Su propuesta consiste en que las EPS paguen por adelantado el 70 % de los servicios prestados por las clínicas y hospitales, con el fin de asegurar un flujo constante de recursos y aliviar las obligaciones financieras acumuladas.
Toro enfatizó la importancia de esta medida, especialmente dado que la mitad de los pacientes del Valle del Cauca dependen de EPS que están intervenidas y que reciben recursos de la Superintendencia de Salud. Con una deuda cercana a los $980.000 millones con la red pública y más de 1 billón con el sector privado, la situación requiere una acción inmediata y coordinada.
A pesar de la garantía de continuidad en la prestación de servicios, las autoridades sanitarias advierten que la calidad de estos servicios estará directamente ligada a los compromisos financieros asumidos por las EPS.
En este sentido, la gobernadora hizo hincapié en que la responsabilidad de garantizar el flujo de recursos para los servicios de salud recae en la Superintendencia de Salud, y no en los hospitales públicos ni en las clínicas privadas.
