Colombia experimentó un incremento del 43% en los eventos de conflictividad social durante el año 2023, según el informe anual presentado por el Observatorio de Conflictividad Social de la Defensoría del Pueblo.
El documento revela que entre enero y diciembre del año pasado se registraron 2.046 manifestaciones de inconformidad ciudadana en 446 municipios de 31 departamentos del país.
Este aumento significativo en comparación con las cifras del 2022, cuando se reportaron 1.427 eventos, refleja un creciente malestar social y la necesidad de abordar de manera efectiva las causas subyacentes de los conflictos.
El informe también destaca los principales mecanismos utilizados por los ciudadanos para expresar su insatisfacción frente a las acciones u omisiones del Estado y de particulares.
Los bloqueos de vías se posicionaron como la forma de protesta más recurrente, representando el 38% de los eventos registrados. Le siguen los plantones con el 33%, las marchas con el 11%, los disturbios con el 6%, los paros o ceses de actividades con el 5% y la toma de instalaciones con el 3%.
Estos datos evidencian un cambio en los patrones de movilización social, con un mayor énfasis en acciones que generan un impacto directo en la cotidianidad de las personas y en el funcionamiento normal de las actividades económicas y sociales. Los bloqueos de vías, en particular, se han convertido en una estrategia frecuente para visibilizar las demandas y presionar a las autoridades para que atiendan las problemáticas de las comunidades.
La Defensoría del Pueblo hace un llamado al Gobierno Nacional para que fortalezca los canales de comunicación y diálogo con la ciudadanía, y para que se implementen políticas públicas efectivas que aborden las causas estructurales de la conflictividad social. Además, se resalta la importancia de hacer un seguimiento riguroso al cumplimiento de los acuerdos alcanzados en los espacios de negociación y concertación.
