El gobierno panameño anunció una drástica medida para frenar el flujo migratorio a través del Darién, estableciendo multas que van desde los 1.000 hasta los 5.000 dólares, para quienes ingresen irregularmente al país, según informó el presidente José Raúl Mulino durante su conferencia semanal.
La nueva normativa, publicada mediante decreto ejecutivo, establece que los migrantes no podrán abandonar territorio panameño sin antes cancelar la sanción económica impuesta. Para aquellos que no dispongan de recursos para pagar la multa, las autoridades procederán con su deportación.
El endurecimiento de las medidas surge como respuesta al récord histórico de más de 520.000 personas que atravesaron la peligrosa selva de El Darién durante 2023, enfrentando riesgos como ríos caudalosos, animales salvajes y grupos criminales que perpetran robos, violaciones y asesinatos.
“Las sanciones se ajustarán para que sean accesibles y los migrantes puedan pagarlas antes de salir del país”, explicó Mulino, quien detalló que las multas aplicarán a quienes evadan los puestos de control migratorio terrestres, aéreos o marítimos.
La medida representa un cambio en la política migratoria panameña, que hasta ahora se había centrado en proporcionar servicios básicos a los migrantes en los puestos de control antes de continuar su trayecto hacia Costa Rica, en su ruta hacia Estados Unidos.