Montería. Carlos Rangel, líder de la agremiación en la ciudad de Bucaramanga, precisó en diálogo con NoticiasGS, que en Montería, los empresarios de servicio público de taxi, están “desvirtuando la ley”.
“La norma dice que los taxistas deben estar afiliados a salud, pensión y riesgos laborales, y abusivamente les cobran 18 mil pesos cuando la ley estipula que son 8 mil pesos”.
Argumentó que al amparo jurídico, las empresas y propietarios de taxis son los empleadores del conductor, por lo cual deben cumplir con el compromiso de garantizarle la seguridad social.
“Hay casos puntuales como Pereira y Bucaramanga donde ya acordaron que los aportes se dividirán en porcentajes iguales entre empleador propietario del taxi y la empresa”, indicó.
Ayer Montería estuvo semiparalizada con el paro de taxistas que aunque no convocó a la totalidad del gremio, dejó ver las serías y profundas diferencias entre empresarios, propietarios y taxistas.
A su turno, el Secretario de Tránsito Héctor Fabio Cordero, manifestó que en un intento de mediación entre empresarios, propietarios y conductores, se estableció que le próximo miércoles se hará una mesa de trabajo donde la administración municipal hará las veces de garante del proceso.
“Las diferencias que existen son básicamente de índole económica en cuanto a quién debe pagar la seguridad social de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Trabajo y Protección Social”, sostuvo el funcionario.
