La Misión de Observación Electoral presentó cifras alarmantes sobre violencia política en Colombia durante su sexto informe ante la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales. Entre el 8 de marzo y el 8 de septiembre de 2025, la organización documentó 222 hechos de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales en el país.
Los liderazgos políticos concentran la mayor parte de las agresiones, con 136 casos que representan el 61% del total registrado. Además, la MOE documentó seis casos de secuestro contra líderes políticos, un hecho que calificó como especialmente preocupante de cara a las elecciones de Congreso y Presidencia de 2026.
La violencia presenta una marcada concentración geográfica. Cuatro departamentos y la capital acumulan casi la mitad de los hechos: Cauca, Antioquia, Norte de Santander y Bogotá D.C. reúnen el 49,1% del total de agresiones registradas. Las zonas rurales y los territorios con Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz muestran condiciones particularmente críticas.
Diego Rubiano, coordinador del Observatorio Político Electoral de la MOE, expresó preocupación por el deterioro de las condiciones de seguridad en áreas rurales del país. El funcionario llamó a “acelerar la implementación territorial del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (SISEP) y fortalecer medidas de protección con enfoque diferencial”.
El informe presentado ante la Comisión de Seguimiento también alertó sobre dos situaciones adicionales que generan incertidumbre electoral: la indefinición sobre la personería jurídica del Pacto Histórico y el alcance legal de las consultas realizadas el 26 de octubre, así como problemas en la transparencia de la financiación política previa al inicio oficial de campañas.
Frey Muñoz, subdirector de la MOE, solicitó al Consejo Nacional Electoral pronunciarse con celeridad sobre los procesos sancionatorios relacionados con los partidos que pidieron su fusión bajo la figura del Pacto Histórico. La organización considera estas definiciones esenciales para garantizar certeza sobre las reglas de participación y la conformación de listas al Congreso.
