Según la Misión de Observación Electoral MOE, la ausencia de una autoridad que gobierne esta etapa del proceso electoral, ha quedado en evidencia con el hecho de que funcionarios públicos hayan sido denunciados y ya estén siendo investigados por participación en política a través del proceso de recolección de firmas.
Advierte que grupos significativos y partidos políticos en consultas ampliaron las campañas electorales de 4 a 12 meses aprovechando vacíos legales y ausencia de medidas de control.
Señala que no hay responsabilidad política frente a la inscripción por firmas, ni rendición de cuentas de campañas y ausencia de información sobre quiénes están financiando la recolección de firmas.
Según la MOE, han solicitado al Consejo Nacional Electoral activar la plataforma “Cuentas Claras” para que las campañas de grupos significativos de ciudadanos que están en todo el país en proceso de recolección de firmas, puedan reportar novedades.
El organismo cuestiona que lo anterior no se ha hecho y a la fecha no hay información, impidiendo el escrutinio público de la información sobre la financiación de dichas campañas.
“Es preocupante que los candidatos por GSC no están obligados a reportar los ingresos y gastos de campaña, ni a cumplir con los topes de donaciones, ni a limitar su publicidad en medios, ni a rechazar la financiación de personas jurídicas, extranjeras, anónimas, públicas o de fuente ilegal. Por eso necesitamos que el CNE active mecanismos para transparentar estas precampañas”, dijo Alejandra Barrios, directora de la MOE.
Según la Misión de Observación Electoral, en lo corrido de 2017, y de cara a las elecciones presidenciales de 2018, a la fecha van 40 comités de recolección de firmas inscritos a la presidencia, lo que representa un 179% más de comités que en 2014.
Adicionalmente hay 46 grupos significativos de ciudadanos para Senado y 86 para la Cámara de Representantes”, indica el reporte de la MOE.
“La campaña electoral ya comenzó y se está manifestando en la calle a través de vallas, pendones, volantes, publicidad en redes sociales y eventos de proselitismo electoral”, puntualiza la MOE.
