John Maya, gerente de Empresas Públicas de Medellín (EPM), anunció que la compañía pedirá aplicar la figura de extinción de dominio en casos de hoteles, discotecas, talleres y otros establecimientos de la región Caribe que se conectan de forma ilegal a la red y hurtan energía de forma masiva.
Según EMP la norma vigente tipifica esta conducta como defraudación de fluidos, delito que conlleva además acciones penales. Maya reconoció que llevar el modelo a la Costa depende en gran medida de la Fiscalía.
Las conexiones ilegales que pesan sobre Afinia registra pérdidas del 29 %, frente a un promedio nacional entre 14 y 15 %.
En la zona atendida por Afinia, los equipos técnicos han hallado negocios con conexiones fraudulentas y las han cortado pero muchos reinciden.
Para pasar de esas desconexiones a sanciones de fondo, EPM quiere replicar la extinción de cominio, como ya lo hecho en Medellín, como medida contra el robo de energía, la cual terminó con inmuebles intervenidos.
El gerente atribuyó ese resultado al respaldo de una fiscal que asumió los casos. Contó que en la capital antioqueña algunas familias propietarias de hoteles se negaban a saldar deudas cercanas a 200 millones de pesos y respondían: “yo le pago a un abogado 20 millones de pesos y me saca eso”.
El panorama cambió cuando apareció el riesgo de perder los bienes. “Cuando ya ven que la cosa es en serio ya se toma otra decisión”, afirmó Maya.
La legislación colombiana castiga esta conducta en el artículo 256 del Código Penal, que tipifica la defraudación de fluidos. Con el aumento de penas que introdujo la Ley 890 de 2004, quien se apropie de energía mediante conexiones clandestinas o alteración de medidores puede pagar entre 16 y 72 meses de prisión y multas de 1,33 a 150 salarios mínimos.
El delito es querellable, de modo que la empresa afectada debe presentar la denuncia para activar el proceso.
La extinción de dominio se rige por la Ley 1708 de 2014. Entre sus causales figuran los bienes usados como medio o instrumento para cometer actividades ilícitas, figura en la que encajaría un establecimiento que opera con energía robada. La Fiscalía adelanta esas acciones ante jueces especializados.
