El cambio en las facturas de energía del Caribe colombiano no será inmediato. El Tribunal Administrativo del Atlántico ordenó cumplir lo decidido por el Consejo de Estado en una acción popular y puso en manos del Ministerio de Minas y Energía y de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) la tarea de cerrar los trámites pendientes para modificar las fórmulas con las que se calcula el cobro.
El propósito es abaratar el servicio y llegar a un precio justo para los usuarios. Pero la decisión no define cuánto bajará la tarifa ni en qué fecha, y cualquier ajuste dependerá de los estudios técnicos y regulatorios que adelante la Creg antes de modificar los cobros.
Las pérdidas de energía que se reconocen dentro de la tarifa son el punto central. Las autoridades deberán verificar si las cifras que reportan los operadores coinciden con la realidad y si cada componente de las fórmulas se aplica como mandan las normas vigentes. Además, deberán lograr una reducción efectiva de esas pérdidas y procurar que ese resultado se vea en el valor que paga el usuario.
La orden alcanza también la infraestructura eléctrica. Pide proteger las redes, contar con sistemas de medición que permitan conocer el consumo real y tomar acciones contra las conexiones ilegales y la manipulación de la infraestructura que alteren el suministro o la medición.
El expediente arrancó en 2022, cuando las personerías de Santa Marta, Barranquilla y Riohacha pidieron amparar los derechos colectivos de los usuarios frente al costo y las condiciones en que se presta el servicio. La discusión gira en torno al régimen transitorio especial que se aplicó a la Costa Caribe tras la intervención de Electricaribe.
