Gobierno lanzó ‘Ecodorado’ contra la minería ilegal: “El Estado entra a competir para quitarle esas rentas a las economías criminales”

El Gobierno lanzó Ecodorado para transformar la cadena del oro, formalizar mineros y quitarle al crimen rentas de USD 8.414 millones anuales.
2 horas atrás
FOTO: MIN MINAS

El Gobierno Nacional presentó la estrategia Ecodorado, una iniciativa para transformar la cadena productiva del oro en Colombia, avanzar en la formalización minera y recuperar para el Estado y los territorios una economía que hoy financia estructuras criminales.

El lanzamiento se realizó en el Encuentro Nacional de Formalización Minera y Comercialización del Oro, donde el presidente Gustavo Petro aclaró que el Gobierno no es enemigo de la minería, pero busca que la extracción no sea el único modelo económico del país.

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, explicó el alcance de la apuesta: “Estamos pasando del discurso a la acción; sabemos que los retos son enormes: la formalización, el acceso a crédito, la trazabilidad, la transparencia, la tecnificación y el acompañamiento real a nuestros mineros de subsistencia y pequeña minería, y precisamente ahí estamos actuando.”

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La urgencia de la medida queda clara con las cifras: hasta el 80% del oro comercializado en Colombia tendría origen informal o ilegal, generando ingresos estimados en 8.414 millones de dólares anuales cifra que supera al narcotráfico y provocando pérdidas cercanas a 5 billones de pesos en regalías cada año. El problema abarca 300 municipios de 23 departamentos.

Como respuesta, el Gobierno Nacional creará una comercializadora estatal de oro para comprar directamente a pequeños mineros formalizados y escalar la adquisición de oro legal de 5 a 15 toneladas anuales. “La minería ilegal no es solo un problema ambiental: es un problema de seguridad nacional. Con Ecodorado, el Estado entra a competir en ese mercado para quitarle esas rentas a las economías criminales”, afirmó Palma.

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En materia de formalización, el Gobierno registra un aumento del 69% en beneficiarios respecto al periodo anterior, al pasar de 17.000 a más de 30.000 personas, y un incremento del 44% en la entrega de títulos. Además, habilitó 381.000 hectáreas para formalizar 3.810 unidades de producción minera que beneficiarían a cerca de 76.000 mineros en los próximos cuatro años.