“La foto del derroche”: así calificó el Ministerio de Agricultura, en su cuenta oficial de X, la nómina de contratistas que la exministra Marta Carvajalino le dejó al nuevo titular de la cartera, Indalecio Dangond.
La cifra llega a 18.310 órdenes de prestación de servicios (OPS), con compromisos que suman $1.02 billones y se extenderían hasta diciembre.
El desglose por entidad muestra dónde se concentra ese gasto. La Agencia Nacional de Tierras (ANT) encabeza la lista con 9.281 OPS por $451.000 millones, más de una tercera parte del total.
Le sigue la Unidad de Restitución de Tierras (URT), con 2.585 contratos por $168.311 millones, y el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), con 3.056 órdenes por $153.008 millones.
Completan el mapa la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), con 1.971 OPS por $113.000 millones; el propio Ministerio, con 740 contratos por $73.000 millones; la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), con 412 órdenes por $41.547 millones, y la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP), con 322 por $29.992 millones.
Con esas cifras de fondo, el Ministerio habló de “despilfarro de los recursos públicos” y de “politiquería” del Gobierno saliente de Gustavo Petro.
“Mientras se gastan recursos públicos en burocracia y contratación, miles de familias de 15 departamentos afectados por el terremoto enfrentan la destrucción de sus viviendas y esperan soluciones. La pregunta es inevitable: ¿cuántas viviendas dignas se podrían haber construido para esas familias con $1 billón?, señaló el Ministerio.
