La Contraloría General de la República encendió las alarmas sobre el desempeño de la política habitacional del Gobierno Nacional: entre 2022 y 2025, la ejecución de los recursos destinados a vivienda registró caídas progresivas, incluso en periodos donde la apropiación presupuestal fue mayor.
El organismo de control presentó los resultados del estudio sectorial “Evaluación de los avances y desafíos de los programas del Gobierno Nacional dirigidos a la reducción del déficit habitacional para el cuatrienio 2022–2026”, elaborado por la Delegada para el Sector Vivienda y Saneamiento Básico.
El documento revela una paradoja: más dinero disponible no se tradujo en mejores resultados de ejecución.
El déficit habitacional retrocedió del 36,6% en 2018 al 26,8% en 2024, pero esa reducción no fue pareja. Las ciudades concentraron los avances, mientras los territorios rurales y los municipios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) acumulan rezagos que frenan el acceso equitativo a soluciones de vivienda. La brecha entre zonas urbanas y rurales llegó a 43,9 puntos porcentuales.
El informe también detectó distorsiones en la medición de resultados. La política de vivienda permite que un mismo hogar reciba subsidios simultáneos de Fonvivienda y de las cajas de compensación familiar, lo que eleva el riesgo de doble contabilización y distorsiona el número real de familias beneficiadas. A eso se suma el desfase entre asignación y ejecución efectiva de los subsidios.
La Contraloría advirtió, además, que la financiación del modelo depende excesivamente del Presupuesto General de la Nación, con escasa cofinanciación territorial.
En materia de eficiencia, los programas de mejoramiento habitacional superan en relación costo-beneficio a los proyectos de vivienda nueva, que en zonas rurales registran los costos unitarios más altos y el menor impacto relativo.
