El Gobierno Nacional y el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia firmaron un acuerdo para trasladar más de 400 combatientes a dos Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) a partir del 25 de junio de 2026.
Los destinos definidos son Tierralta, en Córdoba, y Nuevo Belén de Bajirá, en Chocó, donde el proceso contará con supervisión institucional e internacional.
El pacto se concretó dentro del Espacio de Conversación Sociojurídico de paz, con presencia del Grupo de Países Mediadores, la Conferencia Episcopal de Colombia, el Consejo Mundial de Iglesias, la MAPP-OEA, la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio de Defensa.
La medida que ha generado mayor debate es la suspensión de órdenes de captura —incluidas las solicitadas con fines de extradición— para permitir el traslado de los combatientes. Uno de los beneficiados sería alias ‘Chiquito Malo’, cabecilla del grupo armado y requerido por la justicia estadounidense.
El alto consejero para la Paz, Otty Patiño, respaldó la decisión en declaraciones a La FM. Reconoció que la postura de Washington merece atención, pero trazó un límite claro: “Las voces como las de Estados Unidos deben ser tenidas en cuenta, pero, de todas maneras, esas voces no pueden estar por encima de la soberanía nacional y, sobre todo, de los intereses de la paz.”
El Ejecutivo precisó que la suspensión de capturas no representa impunidad, pues los integrantes del grupo armado continuarán respondiendo ante los tribunales colombianos.
En el comunicado conjunto, ambas partes llamaron a proteger las negociaciones del debate electoral. Pidieron a la sociedad colombiana “cuidar los esfuerzos de paz” y respetar los compromisos de reserva que exige la construcción de confianza entre los actores del proceso.
