La representante María del Mar Pizarro del Pacto Histórico denunció la inclusión de un “mico” en el Decreto de Emergencia expedido tras el terremoto, al advertir que la norma contempla recursos para construir las megacárceles.
La congresista cuestionó que ese dinero pueda destinarse a proyectos carcelarios en lugar de atender las necesidades de los afectados por la tragedia.
Pizarro sostuvo que los recursos de la emergencia deben dirigirse a la reconstrucción de viviendas, colegios y hospitales. Aclaró que la reparación de establecimientos penitenciarios afectados por el terremoto debe realizarse, pero cuestionó que el decreto plantee ampliar su capacidad.
La representante planteó que cualquier proyecto para aumentar la infraestructura carcelaria debe financiarse con el presupuesto ordinario, debido a que este pasa por el control del Congreso. También expresó preocupación por el posible uso del Fondo de Estabilización, al que calificó como “el único colchón que tiene el país para el próximo desastre”.
Según Pizarro, utilizar esa reserva podría reducir la capacidad financiera del Estado para responder ante otra emergencia. La congresista también afirmó que los expertos anticipan la llegada del “súper niño” y advirtió que recuperar esos recursos no sería inmediato.
Ante sus cuestionamientos, Pizarro informó que radicó una proposición para realizar un debate de control político. La iniciativa busca que el Gobierno Nacional explique los montos involucrados, las fuentes de financiación y la forma en que ejecutará los recursos contemplados en el decreto.
La congresista también puso en duda la inclusión de proyectos penitenciarios dentro de una declaratoria de emergencia. Señaló que, si la Corte Suprema de Justicia invalida el mecanismo por considerar que esas obras no guardan relación con el terremoto, el Estado tendría que devolver los recursos y detener las obras.
“Quienes terminaremos pagando somos todos los colombianos”, afirmó Pizarro al advertir sobre las consecuencias económicas que podría generar el uso de recursos de emergencia para ampliar la infraestructura penitenciaria.
