La magistrada Cristina Lombana realizó una inspección en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes dentro del proceso que investiga al presidente Gustavo Petro por presuntas irregularidades en el financiamiento de su campaña.
La orden judicial buscaba determinar si existe obstrucción o retrasos en el trámite que adelantan los representantes Alirio Uribe, Gloria Arizabaleta y Wilmer Carrillo, todos vinculados al Gobierno Nacional.
El acto de Lombana desató fricción entre miembros de la Comisión. Alirio Uribe había presentado una recusación contra la magistrada antes de que se ejecutara esta diligencia, pero la medida cautelar aún no recibe pronunciamiento.
En su escrito, el representante cuestionó “la adopción de medidas probatorias mediante las cuales se ha requerido la remisión de información amplia y detallada no solo respecto de los representantes investigadores que investigan al aforado presidente de la República, sino también de sus equipos de trabajo y entorno funcional”.
El legislador pidió “disponer su separación del conocimiento de la actuación de la referencia”, una solicitud que continúa en trámite dentro de la corporación sin resolución. Esta situación genera un conflicto de procedimiento: Lombana avanzó con la inspección mientras su impedimento permanece pendiente de análisis.
Investigadores y funcionarios de la Comisión manifestaron extraoficialmente que la diligencia podría carecer de validez legal, toda vez que debió esperarse la decisión sobre la recusación.
La inspección se prolongará varias horas debido al volumen de documentación del expediente: más de 40 cuadernos contienen la información relacionada con la investigación contra el Mandatario. Pese a los cuestionamientos procedimentales, el trabajo de revisión continúa en la Corte Suprema.
