Tras su llegada al país, Alejandro Lyons Muskus deberá cumplir una condena de cinco años y tres meses de prisión por concierto para delinquir agravado, además de enfrentar múltiples procesos judiciales pendientes que involucran más de 100.000 millones de pesos en recursos públicos desviados.
La condena principal fue establecida por la Corte Suprema de Justicia en 2018 mediante un preacuerdo con la Fiscalía General, donde Lyons aceptó su responsabilidad en actos de corrupción durante su administración departamental entre 2012 y 2015.
El caso más conocido es el cartel de la hemofilia, donde se desviaron 50.000 millones de pesos destinados a la atención de pacientes con esta enfermedad.
La Contraloría General estableció que Córdoba perdió 54.586 millones de pesos por este esquema fraudulento que utilizó falsos pacientes para defraudar el Sistema General de Participaciones.
La Procuraduría también investiga a Lyons por el denominado “cartel de las chapas”, relacionado con irregularidades en pagos por servicios de odontología cercanos a los 3.000 millones de pesos.
Estos tratamientos fueron pagados con recursos departamentales haciéndolos pasar como urgencias vitales.
Otro proceso disciplinario involucra convenios de ciencia y tecnología por más de 43.000 millones de pesos.
El Ministerio Público señala que estos convenios fueron adjudicados directamente a la Corporación Unificada Nacional de Educación a cambio de un porcentaje de los recursos para beneficio particular.
La Procuraduría ya lo destituyó e inhabilitó por 15 años para ocupar cargos públicos.
