El presidente de la República firmó un decreto que levanta la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego en Colombia, medida que, según explicó, buscaba corregir una política que durante años restringió al ciudadano que cumple la ley mientras los grupos criminales continuaban armándose de manera ilegal.
El mandatario sustentó la decisión en cifras de incautación de la Fuerza Pública entre el 1 de enero y el 3 de septiembre de este año, periodo en el que se decomisaron 15.700 armas de fuego, de las cuales 14.179 estaban relacionadas con la comisión de delitos. Del total, 980 armas fueron vinculadas a disidencias de las Farc, 551 al Clan del Golfo y 339 al ELN. Entre las asociadas a las disidencias se encontraron 380 fusiles y 65 morteros de calibre 60 milímetros.
El presidente precisó que la medida no significa un porte indiscriminado de armas, ya que se mantendrán los controles estrictos, requisitos y permisos exigidos por las autoridades competentes. Según indicó, lo que se elimina es la suspensión general que había convertido la prohibición en la regla para los ciudadanos que cumplen la ley.
“Al ciudadano de bien que cumple rigurosamente la ley, garantías dentro de la ley. Al criminal armado ilegalmente, todo el peso de la ley y toda la fuerza legítima del Estado”, señaló el mandatario, quien afirmó que las armas ilegales serán retiradas de manos de los criminales y que la seguridad del país no puede seguir construyéndose desarmando a quien cumple la ley mientras los grupos armados permanecen armados.
