La ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, exigió que se esclarezcan las presuntas irregularidades en la contratación de la Regional Córdoba del SENA, con sede en Montería, y pidió establecer responsabilidades sobre lo ocurrido durante la administración anterior.
La jefa de la cartera laboral expresó su respaldo al director general de la entidad, fray Ricardo Torres, quien realizó una visita administrativa a la regional y detectó debilidades en los procesos contractuales. Tras esa revisión, Torres volvió a solicitar el acompañamiento de la Contraloría General de la República para garantizar la transparencia y proteger los recursos de la institución. “Los recursos públicos se respetan”, sentenció la ministra.
Las alertas surgieron luego de que el presidente Abelardo de la Espriella denunciara una presunta red de corrupción en la seccional, donde se habrían hallado pliegos ajustados a la medida de un mismo grupo de contratistas, contratos fraccionados para evadir controles y supervisores que aprobaron pagos sin verificar el cumplimiento de las obligaciones.
Entre los casos señalados figura un contrato de bienestar por 933 millones de pesos, con el que se habrían entregado refrigerios en mal estado, incluso a menores de edad. Otro, por 765 millones, registró entregas incompletas y medicamentos próximos a vencerse, pese a que las facturas se pagaron completas.
Los hallazgos hacen parte de un informe preliminar. Esta semana se conocerá el documento definitivo, que evaluará la infraestructura, la vinculación de instructores, los programas académicos y las finanzas de la regional.
