La Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) anunció este martes que solicitará medidas de protección especial ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ante la Relatoría para la Independencia Judicial de Naciones Unidas, en favor de la Rama Judicial y del magistrado del Consejo de Estado Juan Enrique Bedoya Escobar, señalado por el presidente Gustavo Petro tras el fallo que suspendió el Decreto 415 de 2026 sobre el traslado de recursos de fondos privados a Colpensiones.
La CEJ rechazó las declaraciones del mandatario, en las que desacredita la función jurisdiccional y solicita denunciar penalmente al magistrado Bedoya Escobar. Para la corporación, esa reacción del Ejecutivo constituye un ataque directo a la autonomía judicial y una preocupante criminalización de las decisiones judiciales.
La CEJ fue directa en su calificación: pretender encarcelar a los jueces por el sentido de sus decisiones es una práctica propia de regímenes autoritarios que anula el sistema de pesos y contrapesos. Por ello, instó al Gobierno Nacional a retomar el camino de la racionalidad institucional y el respeto por las reglas del Estado de Derecho.
La corporación señaló además que las discrepancias jurídicas deben tramitarse a través de los recursos procesales que la ley prevé, no mediante la estigmatización pública en redes sociales o en discursos oficiales.
La CEJ reafirmó que defender la independencia de los jueces es la causa más importante para la sociedad colombiana. “La justicia no puede ni debe estar para complacer al poder político, pues una de sus funciones fundamentales es, precisamente, evitar sus abusos y garantizar la estabilidad del orden jurídico nacional”, concluye el comunicado.
