El Tribunal Superior de Bogotá legalizó este viernes las capturas de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, quienes fueron detenidos el 18 de diciembre por su presunto vínculo con el escándalo de la Ungrd.
La magistrada María Leonor Oviedo revisó el procedimiento de captura de ambos exfuncionarios y verificó que se cumplieron todos los requisitos legales para validar las detenciones.
Con esta decisión judicial, las aprehensiones realizadas la noche anterior quedaron oficialmente respaldadas por la justicia.
Bonilla, de 76 años y exministro de Hacienda, fue detenido directamente en el Tribunal Superior de Bogotá tras finalizar las audiencias del miércoles. Agentes de la Policía y del CTI lo trasladaron posteriormente al búnker de la Fiscalía en la capital, donde pasó la noche.
Velasco, exministro del Interior, se entregó voluntariamente ante las autoridades en Cali. “Sentí lo que un ciudadano que se cree inocente siente cuando es capturado”, declaró. Agregó que siempre recibió trato respetuoso y que se encuentra en buenas condiciones de salud.
Ambos exfuncionarios enfrentan cargos por concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar y ofrecer, relacionados con irregularidades en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Los dos se declararon inocentes.
La Fiscalía había solicitado prisión domiciliaria para Bonilla y Velasco, pero el Tribunal Superior rechazó esa petición. La magistrada Aura Rosero Baquero determinó que la medida no correspondía con la gravedad de los hechos investigados y ordenó su envío a un centro carcelario.
Durante la audiencia de legalización, la defensa de Bonilla pidió consideración por su edad y condición médica, que incluye un derrame cerebral sufrido hace tres meses y otros problemas de salud.
La magistrada Oviedo indicó que La Picota en Bogotá podría ser el lugar de reclusión, aunque precisó que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario determinará finalmente dónde permanecerán detenidos los exministros del gobierno Petro mientras avanza el proceso judicial.
