La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contará con $651.803 millones en 2027, según el Decreto 1599 que expidió el Gobierno Nacional. El proyecto original le asignaba $821.803 millones, de modo que el recorte final fue de $170.000 millones.
La reducción quedó en firme porque el decreto aplica el texto avalado en primer debate por las comisiones económicas del Congreso, instancia que aprobó el ajuste. De ese total, $140.000 millones corresponden a inversión y $30.000 millones a funcionamiento.
Frente a 2026, el tribunal de paz tendrá $129.667 millones menos, una caída del 16,6 %. La JEP había solicitado $947.642 millones, así que la brecha frente a su petición supera los $295.000 millones.
El decreto reparte la partida entre $617.684 millones para funcionamiento y $34.119 millones para inversión. Este último rubro incluye $22.716 millones para el programa misional y $11.402 millones para fortalecimiento institucional.
Esa segunda cifra es la misma que la bancada del Centro Democrático buscaba enviar al Ministerio de Defensa para pagar indemnizaciones a familias de militares y policías asesinados por las extintas Farc.
Con esa resta adicional, la disminución total habría superado los $181.000 millones. La falta de conciliación entre Senado y Cámara dejó por fuera las decisiones de las plenarias, incluido ese recorte extra.
El presidente Abelardo de la Espriella defendió la reducción con el argumento de que el Estado debe dar prioridad a la justicia ordinaria. Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, advirtió que con el recorte la entidad quedaría “inoperante”. La jurisdicción también calculó que solo alcanzaría a cubrir, en promedio, cuatro meses de medidas de protección.
En el mismo sistema de justicia transicional, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas recibirá $191.210 millones. Con ella, el sector suma $843.013 millones.
