La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a nueve antiguos integrantes de la Armada Nacional y a dos de la Policía Nacional, en calidad de máximos responsables, por su participación en 32 masacres y otras conductas criminales contra la población civil de los Montes de María, en la región Caribe.
La Sala de Reconocimiento de Verdad determinó que en esas 32 masacres fueron asesinadas 284 personas. De ellas, 169 murieron en cuatro masacres que la sala tomó como ilustrativas y 115 en las otras 28. La decisión hace parte del Subcaso Montes de María y municipios cercanos, dentro del Caso 08, y priorizó hechos ocurridos entre 1999 y 2001.
Según la sala, los hechos no fueron aislados. Hicieron parte de un patrón de violencia contra civiles que se dio en un alineamiento estratégico entre estructuras paramilitares, integrantes de la fuerza pública y otros actores regionales. La sala lo describió como acuerdos, coordinación, distribución de funciones, intercambio de información, omisiones deliberadas y tolerancia operacional. Aclaró que no requirió una organización única ni un mando común.
La JEP concluyó que se estigmatizó al campesinado como supuesto colaborador de las extintas Farc-EP, y que esa señalización orientó la selección de las víctimas.
Además de los homicidios, documentó desapariciones forzadas, torturas, amenazas, desplazamientos y violencia sexual. Esos hechos produjeron terror colectivo y vaciamiento territorial.
En 15 de las 32 masacres, la sala documentó 107 víctimas de violencias basadas en género, violencia sexual y violencias contra mujeres y niñas. Determinó que fueron usadas para castigar, humillar y someter, y que existió persecución por razón de género.
Los cuatro hechos ilustrativos son Capaca, El Bongal y Campo Alegre (agosto de 1999, con 13 muertos); El Salado y veredas cercanas (febrero de 2000, con al menos 60 muertos); la incursión de octubre de 2000 en El Limón, Macayepo y otras veredas (13 muertos); y Chengue (enero de 2001, con 28 homicidios).
Los comparecientes de la Armada son Rodrigo Quiñones Cárdenas, Hernando Alfonso Jama Arjona, Ricardo Díaz Granados Mantilla, Benjamín Herrera Niño, Harold Afranio Mantilla Serrano, Camilo Martínez Moreno, Jairo Alfredo Prada Jaimes, Bautista Cárcamo Galé y Ramón Gerardo Moncayo Trujillo. Por la Policía fueron llamados Norman León Arango Franco y Paulo César Cruz Delgadillo.
Los once tienen 15 días hábiles, tras la notificación, para reconocer por escrito los hechos o controvertir la imputación. Las víctimas y el Ministerio Público tienen el mismo plazo para presentar observaciones. La JEP precisó que esta etapa no es una declaración definitiva de responsabilidad penal. Quienes no reconozcan podrían pasar a la Unidad de Investigación y Acusación y, si se establece su responsabilidad, enfrentar hasta 20 años de cárcel.
La JEP también ordenó la remisión temprana a esa unidad de las conductas de Gregorio García Raigosa, Jorge Tadeo Castañeda Garzón y Jaime Alberto Navarro Ferrero, por las masacres de Capaca, El Salado y Macayepo. Además, dispuso dos mesas técnicas con la UARIV y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, y acreditó 1.219 víctimas.
