El Instituto Nacional de Vías (Invías) salió al paso de las versiones conocidas en las últimas horas sobre la contratación de proyectos de infraestructura vial en La Guajira y aseguró que los contratos, por cerca de $3,2 billones, no corresponden a decisiones improvisadas ni a procesos iniciados en los días finales del actual Gobierno.
Según explicó la entidad, estos procesos se estructuraron desde diciembre de 2025, cumplieron todas las etapas del Estatuto General de Contratación Pública y hacen parte de la ejecución del CONPES 4161, política diseñada para dar cumplimiento a la Sentencia T-302 de la Corte Constitucional, que ordena al Estado colombiano garantizar los derechos fundamentales de las comunidades Wayuu, con una inversión total de $3,5 billones.
El director general de Invías, Juan Guillermo Jiménez, calificó de errónea la idea de que contratos de esa magnitud puedan estructurarse en pocos días. “Resulta completamente equivocado afirmar que contratos de esta magnitud puedan estructurarse, licitarse y adjudicarse en pocos días. Estos procesos comenzaron hace varios meses, cuentan con estudios técnicos, jurídicos y financieros, y han cumplido cada una de las etapas previstas por la ley”, afirmó.
En las licitaciones de obra pública se presentaron 105 propuestas, con un promedio de 10 proponentes por lote, mientras que en los procesos de interventoría se recibieron 252 propuestas, con un promedio de 42 proponentes por lote, cifras que, según la entidad, desvirtúan cualquier insinuación de direccionamiento.
Invías recordó que el Plan Nacional de Desarrollo “Colombia Potencia Mundial de la Vida” continúa vigente hasta que el Congreso apruebe uno nuevo, por lo que las entidades del Estado deben garantizar la continuidad de los proyectos. La entidad citó como precedente que la actual administración recibió cerca de $15 billones en contratos adjudicados por el Gobierno anterior y dio continuidad a su ejecución.
“El Estado colombiano no comienza ni termina cada cuatro años. Las instituciones tienen continuidad y las obras públicas responden a políticas de Estado, no a intereses políticos de cada administración”, señaló Jiménez, quien añadió que todos los expedientes contractuales son públicos y pueden ser consultados por cualquier ciudadano.
