El Agente Especial Interventor de Nueva EPS, Jorge Iván Ospina Gómez, denunció que una acumulación de decisiones judiciales compromete la continuidad de los servicios médicos y farmacéuticos que reciben millones de colombianos afiliados a la entidad. Según el funcionario, los embargos sobre cuentas consideradas inembargables ya superan los 2,5 billones de pesos, dineros que la EPS destina al pago de clínicas, hospitales y operadores farmacéuticos.
Ospina Gómez explicó que, aunque la entidad adelanta un plan de choque para mejorar la atención, reducir tutelas y responder a las necesidades de los usuarios, las decisiones de algunos despachos judiciales contrarrestan ese esfuerzo al bloquear recursos esenciales para el funcionamiento del sistema.
De acuerdo con el interventor, cinco despachos judiciales concentran cerca del 80% de los procesos de embargo que enfrenta la entidad, el Juzgado 26 Civil del Circuito de Bogotá, el Juzgado 4 Civil del Circuito de Neiva, el Juzgado 7 Civil del Circuito de Cartagena de Indias, el Juzgado 1 Civil del Circuito de Caquetá y el Juzgado 2 Promiscuo del Circuito de Puerto Rico Caquetá.
Ospina Gómez también alertó sobre posibles irregularidades en procesos de embargo adelantados a través de contratos transaccionales, situación que, a su juicio, debe ser revisada por las autoridades competentes.
La entidad reiteró que respeta las decisiones judiciales, pero hizo un llamado a todos los actores del sistema, prestadores, jueces y organismos de control, para que protejan los recursos públicos destinados a la atención de los pacientes y eviten medidas que profundicen las dificultades financieras del sector.
Nueva EPS insistió en la necesidad de fortalecer el trabajo articulado entre las instituciones para garantizar la sostenibilidad del sistema y asegurar una atención digna, oportuna y continua para los usuarios en todo el territorio nacional.
