La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Eliana Cáceres, interpondrá una denuncia penal contra los adultos que utilizaron niños y niñas de la comunidad indígena Emberá Katío como escudos humanos durante los violentos disturbios del miércoles 29 de abril frente a la sede del Ministerio del Interior en el centro de Bogotá.
“No hay ninguna excusa para lo que acá veo. Con el pueblo Emberá hemos sido acompañantes y reclamantes cuando ha tocado, pero lo de hoy realizado en las inmediaciones de MinInterior es de las peores formas de uso y utilización que puede hacer un adulto con un niño; es un delito y ya hemos puesto la denuncia”, afirmó Cáceres.
La funcionaria anunció que ya interpuso recursos jurídicos contra los agresores y pidió a la Policía poner a disposición de comisarías de familia y defensorías a los menores afectados.
Además, agregó que desde el ICBF ofrecieron refugio, alimento y camas para los niños mientras los adultos adelantaban sus protestas, pero los voceros indígenas no permitieron que los menores accedieran a esos servicios.
Cáceres fue tajante al señalar que no debe haber diálogo mientras haya instrumentalización de niños, y anunció el inicio de un proceso de identificación de los menores afectados para restablecer sus derechos.
Los hechos se registraron desde las 9:32 de la mañana del miércoles, cuando miembros de la comunidad emberá ingresaron a la fuerza a las instalaciones del edificio Bancol, sede del Ministerio del Interior, dejando retenidas de manera irregular a aproximadamente 1.300 personas, entre servidores públicos y trabajadores de empresas privadas.
La situación escaló en horas de la tarde: los manifestantes rompieron vidrios del edificio, lanzaron piedras y otros objetos contundentes contra uniformados de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), con la que se enfrentaron durante varias horas.
El Ministerio del Interior rechazó la instrumentalización de los menores y advirtió que, pese a respetar el derecho a la protesta, no permitirá la vulneración de derechos de terceros. Tras la intervención de la UNDMO, un menor emberá resultó afectado y recibió atención en salud.
