Human Rights Watch (HRW) publicó este miércoles 30 de abril un informe que revela la sistemática represión implementada por Nicolás Maduro en Venezuela desde las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.
El documento “Castigados por buscar un cambio” denuncia asesinatos, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas perpetradas contra miles de personas, incluyendo ciudadanos colombianos.
Según la investigación, basada en decenas de entrevistas y análisis de más de 90 videos y fotografías, al menos 24 personas fueron asesinadas en los días posteriores a las elecciones, mientras que más de 2.000 fueron arrestadas por protestar, expresar críticas o mostrar apoyo a la oposición.
Entre las víctimas figuran 150 extranjeros de más de 25 países, incluyendo 14 colombianos, muchos de los cuales permanecen desaparecidos. El informe documenta casos específicos como el de Manuel Tique, detenido el 14 de septiembre cuando cruzaba la frontera trabajando para el Consejo Danés para los Refugiados, y Arlei Danilo Espitia Lara, un agricultor falsamente acusado de ser líder paramilitar.
“El gobierno venezolano ha asesinado, torturado, detenido y desaparecido a personas que apostaron por la democracia”, afirmó Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas en HRW, quien pidió a la comunidad internacional reafirmar su compromiso con los derechos humanos en Venezuela.
El reporte señala que la represión se desató luego de que Maduro se declarara ganador, pese a que actas de escrutinio filtradas por la oposición y validadas por Naciones Unidas y el Centro Carter demostraban el triunfo del opositor Edmundo González Urrutia.
HRW advierte que la postura del presidente estadounidense Donald Trump, quien suspendió los procesos de asilo y refugio, priorizando acuerdos para el retorno de migrantes sobre la defensa de derechos humanos, podría ser emulada por otros países de la región, beneficiando al régimen de Maduro.
La organización recomienda a los gobiernos imponer sanciones individuales, apoyar el trabajo de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela y de la Corte Penal Internacional, además de ampliar la asistencia a organizaciones que defienden la democracia y los derechos humanos en el país.
