El director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Juan Felipe Harman, rechazó las afirmaciones del vicepresidente electo, Juan Manuel Restrepo, quien calificó la Reforma Agraria como una “farsa”, y sostuvo que la política impulsada por el Gobierno Nacional durante la administración del presidente Gustavo Petro está respaldada por resultados medibles en acceso y formalización de tierras para familias campesinas, víctimas del conflicto y comunidades étnicas.
Harman aseguró que la entidad entregó 382.000 hectáreas durante el cuatrienio, una cifra que, según la ANT, equivale a 7,3 veces las 52.000 hectáreas adjudicadas en el Gobierno de Iván Duque.
También indicó que la Agencia formalizó 2.405.113 hectáreas, más del doble frente a la administración anterior, mientras departamentos como Córdoba, Magdalena, Sucre, Antioquia, Norte de Santander, Boyacá, Meta y Cauca registraron entregas de predios para campesinos.
El funcionario también destacó que la ANT incorporó 831.323 hectáreas al Fondo de Tierras, recuperó 337.846 hectáreas mediante procesos agrarios y adquirió otras 276.510 hectáreas por compra voluntaria con apoyo de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y el Fondo para la Reparación de las Víctimas.
Añadió que la conformación de 1.341.598 hectáreas en Zonas de Reserva Campesina fortaleció la producción rural y la permanencia de las comunidades en el campo.
Frente a los cuestionamientos sobre la Reforma Agraria, Harman manifestó: “Las víctimas de El Aro no mienten. Las víctimas de Bellacruz no mienten. Tampoco mienten las familias campesinas de Córdoba, los Llanos del Yarí y de tantos territorios que durante décadas esperaron una respuesta del Estado y que hoy accedieron a la tierra para producir alimentos”.
El director de la ANT también afirmó que la entidad conoce más de diez casos en los que campesinos asentados en predios provenientes de la SAE y del Fondo para la Reparación de las Víctimas habrían recibido amenazas o presiones de personas armadas.
Por esa razón, solicitó a las autoridades garantizar la protección de las familias rurales y preservar los avances logrados en materia de acceso a la tierra.
