Las organizaciones que agrupan al sector taurino colombiano denunciaron que el Gobierno Nacional no ha cumplido con los programas de reconversión económica y laboral que ordena la Ley 2385 de 2024, norma que prohíbe las corridas de toros en el país.
El artículo 4 de esa ley obliga al Estado a garantizar programas efectivos de reconversión para las personas dedicadas a la actividad taurina. Los gremios sostienen que buena parte del término previsto ya transcurrió sin que esa obligación se materialice.
Las agremiaciones señalan que asistieron a las mesas de la Comisión Interinstitucional y a las submesas convocadas, donde presentaron propuestas, formularon observaciones y solicitaron información.
Según su balance, esos espacios no produjeron programas concretos de reconversión laboral. También advierten que persisten interrogantes sobre la caracterización de la población afectada y que continúan pendientes compromisos adquiridos por las entidades del Gobierno.
El comunicado añade que la información solicitada por el sector no siempre se entregó de manera oportuna, mientras las decisiones avanzan sin ofrecer respuestas sobre el futuro de miles de familias.
La senadora Andrea Padilla Villarraga, promotora de la norma, coincidió en el señalamiento sobre el incumplimiento. La congresista advirtió que la ausencia de garantías para quienes viven de esa actividad podría derivar en acciones constitucionales contra la implementación de la ley.
Padilla Villarraga planteó incluso
