En medio de la emergencia por los incendios forestales que han consumido más de 30.000 hectáreas en el departamento, el Gobierno Nacional y la Gobernación del Tolima adelantan investigaciones para determinar si parte de las quemas responden a acciones deliberadas y no únicamente a la sequía provocada por el fenómeno de El Niño.
El ministro del Interior, Rodrigo Lara, señaló durante un balance oficial en el departamento que el Gobierno maneja información sobre la presunta participación de disidencias de las FARC y estructuras dedicadas a la minería ilegal, que estarían generando quemas en municipios como Ortega con el fin de distraer a la Fuerza Pública, obstaculizar los esquemas de seguridad e inducir un estado de desorden. El ministro afirmó que se tomarán medidas para investigar las manos criminales que puedan estar provocando los incendios.
La gobernadora Adriana Magali Matiz respaldó estas sospechas y aseguró contar con pruebas e indicios serios de la participación de manos criminales en los incendios forestales. La mandataria departamental señaló que la investigación llegará hasta las últimas consecuencias y advirtió que, de confirmarse esta hipótesis, se aplicará el artículo 350 del Código Penal, que establece el delito de incendio con penas de prisión de hasta 22 años.
En zonas rurales de Venadillo y Lérida, algunos habitantes han señalado que hombres movilizados en motocicleta estarían recorriendo la zona para provocar incendios, aunque hasta el momento no existen pruebas ni identidades confirmadas de los presuntos responsables.
No todas las voces oficiales apuntan exclusivamente a estructuras criminales organizadas. La directora de la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima), Olga Lucía Alfonso, explicó que, en su mayoría, los incendios forestales son provocados de manera voluntaria e involuntaria por acciones humanas, sin que necesariamente estén vinculados al conflicto armado. La funcionaria precisó que la entidad ya remitió varios casos e informes a la Fiscalía General de la Nación, además de iniciar procesos sancionatorios por quemas “controladas” que no contaban con la autorización correspondiente.
Cabe recordar que, desde el mes de mayo, Cortolima prohibió cualquier tipo de fogata en el departamento, incluidas las de fines recreativos, así como las quemas a cielo abierto para eliminar rastrojos, residuos de cosecha, pastizales o basura.
