Una inversión tecnológica busca poner fin a las llamadas extorsivas que diariamente salen desde las prisiones colombianas hacia diferentes regiones del país y el extranjero.
Andrés Idárraga Franco, ministro de Justicia, anunció un plan de contingencia para actualizar la infraestructura de comunicaciones en 15 centros penitenciarios, sistemas que permanecieron sin mantenimiento durante más de una década. “Ninguna administración dedicó atención a la actualización de estos equipos por 12 años”, señaló el funcionario.
Los establecimientos de Cómbita, La Dorada y Valledupar recibirán intervención prioritaria dentro de esta estrategia. La medida permitirá controlar las comunicaciones de los reclusos, manteniendo el contacto legítimo con familiares mientras se bloquean actividades delictivas.
La cárcel de Cómbita opera como uno de los principales “call centers del crimen” en Colombia. Desde esta prisión se registran cientos de llamadas extorsivas diarias dirigidas a diversas ciudades, convirtiéndola en epicentro de la criminalidad carcelaria.
El fenómeno traspasa fronteras. Nayib Bukele, presidente de El Salvador, denunció recientemente que ciudadanos salvadoreños reciben constantemente llamadas extorsivas provenientes de cárceles colombianas, particularmente desde Cómbita.
La extorsión telefónica desde centros penitenciarios representa una problemática normalizada durante años. Las autoridades reconocen que las medidas anteriores para bloquear estas comunicaciones ilícitas resultaron insuficientes o inexistentes.
El ministro Idárraga Franco enfatizó que la administración del presidente Gustavo Petro concentra recursos en mitigar esta situación que afecta a miles de personas.
La modernización tecnológica eliminará las operaciones criminales mientras garantiza canales regulados de comunicación entre internos y sus familias.
