El Ministerio de Salud salió al paso de las preocupaciones expresadas por la Corte Constitucional frente al desabastecimiento de medicamentos y descartó que exista un riesgo generalizado que comprometa la atención en Colombia. Según la cartera, aunque persisten dificultades puntuales en la distribución, se han implementado medidas para garantizar que los pacientes reciban los fármacos que requieren.
Dentro de las estrategias adoptadas se destacan la compra centralizada de medicamentos para enfermedades huérfanas, la entrega de más de 819.000 frascos de DLT para pacientes con VIH, el respaldo a proyectos de desarrollo de medicamentos estratégicos y el impulso a la producción nacional de biológicos contra el cáncer. Con estas acciones, el Gobierno busca reducir la dependencia del mercado internacional y fortalecer la seguridad sanitaria del país.
Adicionalmente, se expidió la Resolución 1809 de 2025, que refuerza la vigilancia farmacéutica e incluye un tablero público de consulta para que la ciudadanía pueda conocer en tiempo real los reportes de disponibilidad hechos por EPS y gestores farmacéuticos.
El trabajo de respuesta frente a los problemas de abastecimiento también involucra al Invima, la Superintendencia Nacional de Salud, la Superintendencia de Industria y Comercio, el Fondo Nacional de Estupefacientes y la Defensoría del Pueblo. Estas entidades, según el Ministerio, han articulado esfuerzos para atender alertas y resolver oportunamente los casos de escasez en diferentes regiones.
En materia regulatoria, el Invima reportó avances significativos en la reducción de trámites represados: de los 26.049 pendientes en noviembre de 2023, se han resuelto 23.229 hasta septiembre de 2025, priorizando aquellos relacionados con medicamentos en riesgo de desabastecimiento. No obstante, aclaró que la disponibilidad final en el mercado depende de decisiones comerciales de fabricantes e importadores, un factor que escapa al control directo del Estado.
En paralelo, la Administradora de los Recursos del Sistema de Salud (ADRES) ha fortalecido el mecanismo de giro directo y los procesos de auditoría, lo que, según el Gobierno, ha permitido reducir los tiempos de pago y mejorar el reconocimiento a clínicas, hospitales y proveedores.
