El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, rechazó los tres ataques contra miembros de la fuerza pública ocurridos en menos de 24 horas en el departamento, que dejaron dos uniformados muertos y uno gravemente herido.
El mandatario anunció una reunión urgente este miércoles con los altos mandos policiales y militares para implementar medidas de protección para los uniformados.
“Cada atentado que arrebata la vida de un policía o un soldado, incluso en sus propios hogares, nos duelen profundamente y hiere el corazón de todo un departamento que quiere vivir en paz”, expresó Zuleta Bechara a través de su cuenta oficial en redes sociales.
Los hechos violentos se registraron este lunes 28 de abril en tres municipios diferentes. En San Carlos, el militar Mario Luis Ruiz Madariaga recibió disparos mientras descansaba en una hamaca en su vivienda familiar.
En Sahagún, el policía Luis Andrés Camaño, integrante de la UNDMO (antiguo ESMAD), fue asesinado en inmediaciones de los barrios San Roque y El Prado.
El tercer caso ocurrió en Puerto Escondido, donde hombres armados asesinaron al militar Iván Ávila Sepúlveda tras irrumpir en su domicilio.
Las autoridades vinculan estos ataques con el denominado “Plan Pistola”, táctica empleada por grupos armados ilegales para atacar selectivamente a uniformados durante sus permisos.
Ante la gravedad de la situación, el gobernador solicitó “de manera inmediata” una reunión con el Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y con la cúpula de la Fuerza Pública, en conjunto con los gobernadores del Caribe. “No podemos seguir permitiendo más muertes, ni de nuestros policías y soldados, ni de ningún ciudadano”, afirmó.
Zuleta Bechara también hizo un llamado a la ciudadanía: “A los cordobeses les hago un llamado urgente: estemos atentos, alertas y reportemos de inmediato cualquier hecho sospechoso. La seguridad es un compromiso de todos”.
El departamento de Córdoba atraviesa un preocupante repunte de violencia con estos ataques, todos perpetrados contra uniformados que se encontraban de permiso visitando a sus familias, una situación que preocupa tanto a las autoridades departamentales como a los familiares de miembros de la fuerza pública oriundos de la región.
