La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) confirmó la expulsión definitiva del general retirado Mauricio Alfonso Santoyo Velasco, quien fungió como jefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe Vélez. La Sección de Apelación tomó la determinación y ordenó remitir el caso a la Fiscalía General de la Nación.
Con la salida del exoficial del sistema transicional, Santoyo pierde la totalidad de los beneficios que ofrece esta jurisdicción. El proceso en su contra avanza por la desaparición forzada de los defensores de derechos humanos Patricia Monsalve Pulgarín y Ángel José Quintero Mesa, ocurrida en Medellín en octubre del año 2000. Ambos integraban la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes) y habían denunciado la participación de uniformados en casos similares.
Los magistrados concluyeron que el exgeneral incumplió de manera grave el régimen de condicionalidad, al no entregar verdad plena ni colaborar con el esclarecimiento de los hechos. El tribunal calificó como insuficientes los aportes presentados, que se redujeron a referencias bibliográficas y afirmaciones genéricas sobre su rol en estructuras criminales.
La JEP también rechazó la petición del exoficial de acceder a un juicio adversarial dentro del sistema, al recordar que esa figura es subsidiaria y excepcional. En la decisión, los magistrados sostuvieron que el acceso al Sistema Integral para la Paz exige un esfuerzo verificable sobre redes, motivaciones, patrones y prácticas criminales.
Durante su paso por el Gaula de Medellín, la Fiscalía detectó la interceptación ilegal de más de 2.020 líneas telefónicas, entre ellas las de los activistas desaparecidos. En agosto de 2012, Santoyo recibió condena en Estados Unidos por apoyo material a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y cumplió siete años de prisión. Tras su deportación a Colombia en abril de 2019, fue capturado para responder por los casos de desaparición forzada.
La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas ordenó ponerlo a disposición de la Fiscalía 56 Especializada de Bogotá, donde el proceso continúa en etapa de acusación.
