Las cuatro principales administradoras privadas de fondos de pensiones del país: Skandia S.A., Porvenir S.A., Colfondos S.A. y Protección S.A. presentaron el 27 de abril ante el Consejo de Estado una demanda de nulidad simple contra el decreto que obliga a trasladar 25 billones de pesos en ahorros de trabajadores colombianos al régimen público administrado por Colpensiones.
La demanda, interpuesta a través del apoderado judicial Carlos Gustavo Arrieta Padilla, va dirigida contra la Nación, representada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio del Trabajo. Las AFP argumentan que el decreto viola el parágrafo único del artículo 76 de la Ley 2381 de 2021 por falta de aplicación y por reglamentación contraria a lo dispuesto en esa norma.
El segundo cargo de la demanda apunta a una violación constitucional: las fondos señalan que el Gobierno Nacional excedió su facultad reglamentaria al expedir el decreto, lo que contraría el artículo 189.11 de la Constitución Política.
El argumento central de las AFP es que la medida perjudica directamente a los trabajadores que no se trasladaron de régimen pensional, al ordenar el movimiento forzoso de recursos que los afiliados mantienen en el sistema privado. Para las administradoras, ese traslado compulsivo de 25 billones de pesos carece de respaldo legal y desconoce los derechos de quienes permanecen en el régimen de ahorro individual.
La acción judicial se suma a la demanda que el Consejo de Estado ya admitió días atrás, interpuesta por la Fundación para el Estado de Derecho contra el mismo decreto, lo que abre un doble frente legal al Gobierno Nacional en torno a una de las medidas más polémicas de la reforma pensional en curso.
