La Fiscalía General de la Nación desmintió públicamente a la exfiscal Lucy Marcela Laborde Betancourt, quien había cuestionado el manejo del proceso penal contra el exdiputado Nicolás Fernando Petro Burgos.
El ente acusador calificó la versión de la exfuncionaria como una presentación “sesgada, parcial e incompleta” de los hechos.
Según el comunicado, el proceso contra Petro Burgos fue asignado por reparto automático y aleatorio a través del sistema SPOA, luego de que el fiscal original fuera separado del caso el 22 de julio de 2024 por cargos disciplinarios de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
La acusación por los delitos de enriquecimiento ilícito de servidor público y lavado de activos se mantiene sin variación desde que se formuló el 11 de enero de 2024.
La entidad precisó que la reunión mencionada por Laborde, realizada el 5 de septiembre de 2024, se enmarcó en las facultades de unidad de gestión y jerarquía que otorga el artículo 251.3 de la Constitución Política.
El único propósito del encuentro fue analizar una solicitud de la defensa para modificar la calificación jurídica con miras a un preacuerdo, petición que finalmente fue negada.
La Fiscalía sostuvo que Laborde contó con respaldo institucional pleno hasta su retiro, ocurrido el 16 de julio pasado, e incluso fue ratificada en el caso pese a dos solicitudes de la defensa para apartarla.
Su salida obedeció al cumplimiento de requisitos de pensión, dentro de un concurso de méritos de alcance nacional que buscó proveer 4.000 cargos de planta por orden del Consejo de Estado, proceso en el que el 77 % de los fiscales de su categoría (325 de 420) superó las pruebas.
El inicio del juicio oral permanece a la espera de que se resuelvan los recursos de apelación presentados por la propia Laborde, la defensa de Petro Burgos y el Ministerio Público contra el auto que definió las pruebas admitidas y rechazadas en el proceso.
