La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, confirmó que el próximo 26 de noviembre la fiscal delegada María Cristina Patiño radicará la solicitud de imputación de cargos contra el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La jefe del ente acusador no determinó ni especificó los delitos por los cuales será procesado el exfuncionario, ni amplió detalles sobre la audiencia.
Según investigaciones previas de la Fiscalía, Bonilla es investigado por presunto tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos públicos.
El caso involucra tres contratos por aproximadamente 92.000 millones de pesos que nunca se firmaron, destinados supuestamente a Cotorra (Córdoba), Carmen de Bolívar (Bolívar) y Saravena (Arauca).
El nombre de Bonilla surgió a partir de las declaraciones del exdirector de la UNGRD, Olmedo López, y de María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda, quien se acogió a un principio de oportunidad. Benavides podría convertirse en testigo principal debido a su vínculo directo con las actuaciones del exministro.
Según el ente acusador, Bonilla habría intervenido para favorecer a seis congresistas de las comisiones de Crédito Público a cambio de que emitieran conceptos favorables para la aprobación de créditos de alto valor para la Nación. Los contratos, conocidos como “cupos indicativos”, buscaban beneficiar a congresistas cuyos votos resultaban decisivos.
Bonilla abandonó el Ministerio de Hacienda a finales de 2024 tras resultar implicado en este escándalo que ya ha salpicado al presidente del Senado, Iván Name, y al de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, quienes fueron detenidos en mayo por cohecho y apropiación de recursos públicos.
El exfuncionario se convertirá en el miembro de más alto rango del Gobierno Petro procesado por este caso.
