La Fiscalía General de la Nación compulsó copias ante la Corte Suprema de Justicia para que se indague la conducta del brigadier general del Ejército Juan Miguel Huertas Herrera, cuyo nombre apareció en elementos electrónicos decomisados a integrantes de las disidencias de las Farc en Antioquia.
El caso se desprende de una operación realizada el 23 de julio de 2024 en Anorí, cuando autoridades interceptaron en un retén militar una caravana del Estado Mayor de bloques y frentes disidentes.
En ese procedimiento fueron incautados computadores, teléfonos, discos duros y otros dispositivos electrónicos a seis personas, entre ellas Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, y Edgar de Jesús Ortega, alias Firu.
Tras verificaciones adelantadas este 24 de noviembre en Medellín, la fiscal general Luz Adriana Camargo Garzón ordenó la intervención inmediata del delegado contra la Criminalidad Organizada.
El objetivo es impulsar líneas de investigación sobre “posible cooptación de agentes de inteligencia e integrantes del Ejército Nacional por parte de las disidencias de las Farc, amenazas a la seguridad nacional, financiación de la campaña a la Presidencia, alianzas entre distintos actores ilegales y creación de empresas de vigilancia al servicio de estructuras criminales”.
El material incautado ya ha servido para judicializar a 28 disidentes del frente 36 en Antioquia. De los integrantes de la caravana, tres enfrentan cargos: María Alejandra Ojeda Londoño y Wenser Yosony Sábana Duque fueron condenados por porte ilegal de armas de fuego, mientras que Ortega permanece privado de la libertad por homicidio.
La Fiscalía aclaró que ni el Despacho de la fiscal general ni ninguna dependencia de la entidad había recibido durante 16 meses reportes sobre la información contenida en los dispositivos.
Además, expresó preocupación porque el contenido haya trascendido públicamente, lo que consideró “una clara violación del principio de reserva que rige las actuaciones penales”.
