Las órdenes de captura contra Alexander Díaz, alias Calarcá Córdoba, jefe negociador del Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), continúan suspendidas. Así lo informó la Fiscalía General de la Nación luego de que la reunión sostenida con delegados de la Alta Consejería para la Paz no produjera una determinación definitiva sobre su posible reactivación.
La suspensión de las órdenes es una decisión del Gobierno Nacional, no de la Fiscalía. El ente acusador, que sí tiene la facultad de reactivarlas, mantiene esa posibilidad sobre la mesa, pero supeditó cualquier acción al resultado de los próximos encuentros con el alto comisionado para la Paz.
La situación alimenta la tensión que ya existía en torno al proceso de diálogo con el EMBF. La fiscal general Luz Adriana Camargo había advertido semanas atrás que si el Gobierno no reactivaba las órdenes, la Fiscalía tomaría esa decisión de forma autónoma, argumentando la falta de voluntad de Calarcá en la mesa y los presuntos delitos cometidos después de su designación como gestor de paz.
Los archivos incautados en los equipos de Calarcá documentaron reclutamiento de menores, registros fotográficos de secuestros y ejecuciones, y conversaciones sobre adquisición de armamento. El caso más grave es el asesinato del excombatiente Juan Gabriel Hurtado, quien adelantaba su reincorporación en el Meta el 6 de enero de 2024.
La decisión de reactivar o no las órdenes de captura tiene implicaciones directas sobre la continuidad del proceso de paz con el EMBF, en un momento en que la política de paz total del Gobierno Nacional enfrenta cuestionamientos desde múltiples frentes institucionales y políticos.
