Un juez de Sahagún fijó el 18 de noviembre, a las 2:30 de la tarde, como fecha de apertura del juicio contra Cristian Mauricio Petro Almanza y Juan Fernando Soto Garcés.
Los dos procesados afrontarán cargos por homicidio agravado, hurto calificado y agravado, porte o tenencia de armas de fuego y destrucción de elementos materiales probatorios.
El calendario quedó definido tras cerrarse ayer la audiencia preparatoria, un trámite que acumuló varios aplazamientos e interrupciones antes de concluir.
El despacho judicial admitió el material probatorio de ambas partes. La Fiscalía llevará al estrado los informes y testimonios de investigadores del Gaula de la Policía, junto con el relato del funcionario de Policía Judicial encargado de la inspección del cuerpo.
Los médicos forenses que practicaron las necropsias también declararán durante el juicio. Las víctimas fueron el ganadero sucreño Esteban Rafael Urueta González y sus trabajadores Fredys Manuel Beleño Acosta y Gerardo de los Santos Marzola Coronado.
Entre los testigos del ente acusador figuran Angélica Sáez Zabaleta, esposa del empresario, y Carlos Andrés Beleño Romero, hijo de una de las víctimas. A ellos se suman las compañeras sentimentales de los tres hombres asesinados.
Dos años de tropiezos judiciales
El crimen ocurrió el 10 de septiembre de 2024, cuando Urueta adelantaba un conteo de ganado. Él y sus dos trabajadores salieron hacia zona rural de Ciénaga de Oro tras la pista de 700 cabezas de ganado que habrían desaparecido bajo la administración de Petro Almanza.
Fueron reportados como desaparecidos y el vehículo en el que se movilizaban apareció abandonado en el corregimiento El Viajano, en zona rural de Sahagún. Los cuerpos fueron incinerados y enterrados.
La Policía y el CTI capturaron a los dos hombres en el barrio Nuevo Bosque de Cartagena, donde llevaban más de diez días escondidos. La Fiscalía les imputó cargos el 31 de octubre de 2024 y verbalizó el escrito de acusación el 26 de marzo de 2025.
Desde entonces el expediente rodó entre despachos. El Juzgado Promiscuo Municipal de Chimá se declaró impedido, el caso pasó al Juzgado Penal del Circuito de Sahagún y ese juez también alegó una causal de impedimento, que el Tribunal Superior de Montería declaró infundada.
A esas trabas se sumaron demoras de la Fiscalía para revelar pruebas clave y las dificultades del centro de reclusión para habilitar audiencias virtuales.
El resultado llegó en junio de 2025, un juez de Sahagún contabilizó 173 días desde la captura sin que arrancara el juicio oral, el plazo legal es de 120, y concedió la libertad por vencimiento de términos.
Las autoridades los recapturaron a la salida de las cárceles El Bosque, en Barranquilla, y La Tramacúa, en Valledupar.La Fiscalía les atribuyó además el delito de abigeato agravado, cuyo juicio comenzó por separado el 10 de septiembre.
La defensa volvió a pedir la libertad por vencimiento de términos y el juez negó la solicitud al considerar que parte de las dilaciones respondieron a aplazamientos pedidos por los propios abogados.
