Nacional. El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, expresó su preocupación ante el riesgo de conflictividad social durante el próximo proceso electoral en 133 municipios de 24 departamentos del país, incluyendo la capital, Bogotá.
La preocupación se basa en información proporcionada por el Observatorio de Conflictividad Social, que identificó la posibilidad de actos de perturbación al proceso democrático y alteraciones del orden público, ya sea durante o después de las elecciones del 29 de octubre.
Los principales factores de riesgo identificados incluyen irregularidades electorales, antecedentes de protestas y disturbios en elecciones anteriores, movilizaciones y manifestaciones previas al proceso electoral, resoluciones relacionadas con la revocatoria de inscripción de candidatos, falta de confianza en las instituciones y el proceso electoral, así como la polarización política y la confrontación entre campañas.
Hasta la fecha, se han registrado 11 manifestaciones relacionadas específicamente con las elecciones en diferentes departamentos, como Atlántico, Valle de Cauca, Cundinamarca, Córdoba, Casanare y Cesar, entre otros. Esto se suma a los 1.252 conflictos sociales registrados en el período de enero a septiembre de 2023, lo que representa un aumento del 26% en comparación con el mismo período del año anterior.
La pugnacidad entre campañas, candidatos y partidos también ha aumentado, lo que podría llevar a tensiones sociales y ataques que desencadenen episodios de violencia. La Defensoría del Pueblo ha observado con preocupación ataques entre candidatos en varios departamentos y ciudades importantes, además de discursos que buscan deslegitimar a las instituciones electorales.
Para abordar estos riesgos, se recomienda a las autoridades y entidades involucradas adoptar medidas de prevención y establecer canales de comunicación efectivos para abordar eventualidades que puedan amenazar la jornada electoral. También se insta a los candidatos y partidos a utilizar mecanismos legales para denunciar delitos o irregularidades electorales y a no promover la violencia.
El Defensor del Pueblo enfatizó que el objetivo es garantizar el derecho a la participación democrática y facilitar el diálogo para resolver conflictos pacíficamente. Se espera que estas medidas ayuden a prevenir situaciones de violencia y asegurar un proceso electoral tranquilo y legítimo en Colombia.
