El Equipo de Empalme Anticorrupción del presidente electo Abelardo De La Espriella presentó cuatro denuncias ante la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República por presuntas irregularidades en procesos contractuales y administrativos del Gobierno saliente. La iniciativa está liderada por el abogado Germán Calderón España.
La primera denuncia corresponde al proceso CCENEG-094-01-2026 de Colombia Compra Eficiente, destinado a seleccionar proveedores de ciberseguridad por un valor cercano a 300.000 millones de pesos y cuya adjudicación está prevista para el 28 de julio. Según el comunicado, el equipo de empalme advirtió posibles pliegos direccionados, requisitos que limitarían la participación de empresas locales, estudios de mercado desactualizados y un cronograma que consideró acelerado, por lo que solicitó suspender el proceso mientras se verifica su legalidad.
Las otras dos denuncias se relacionan con un convenio suscrito por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) por más de 6.435 millones de pesos con la Nueva ESE Hospital Departamental San Francisco de Asís para atender casos de desnutrición infantil en Chocó. El documento señala que la entidad se encontraba bajo vigilancia especial de la Superintendencia Nacional de Salud y que durante la ejecución del contrato se registraron ausencia de personal médico y nutricional, uso de alimentos no autorizados y fallas en los protocolos de inocuidad. También indica que la cobertura se redujo en un 40 %, dejando por fuera a siete municipios y liberando más de 2.060 millones de pesos inicialmente comprometidos.
La cuarta denuncia involucra a Electrohuila, donde, según el comunicado, la Procuraduría ya abrió una indagación previa por una presunta reforma estatutaria que habría buscado favorecer la permanencia de la actual gerente de la empresa.
El Gobierno electo afirmó que estas actuaciones hacen parte del Empalme Anticorrupción, una estrategia con la que busca documentar presuntas irregularidades antes de asumir funciones el próximo 7 de agosto. Además, señaló que las denuncias reflejan su compromiso de proteger los recursos públicos desde la etapa de transición.
