El Consejo de Estado suspendió de manera provisional el decreto expedido por el Gobierno Nacional del presidente Gustavo Petro que eliminó la prima especial de servicios de los congresistas, beneficio estimado en 18 millones de pesos y regulado por la Ley 4.ª de 1992.
La medida cautelar se adoptó mientras la alta corporación estudia de fondo la demanda de nulidad presentada contra el acto administrativo. Con esta decisión, el decreto deja de producir efectos jurídicos hasta que exista un fallo definitivo sobre su legalidad.
La norma suspendida había suprimido la prima especial de servicios que reciben los integrantes del Congreso de la República. Ese beneficio fue creado en 2013 y su aplicación se encuentra reglamentada dentro del régimen salarial establecido para los congresistas.
El pronunciamiento del Consejo de Estado no resuelve el litigio de manera definitiva. La corporación únicamente ordenó la suspensión provisional del decreto como parte del trámite judicial que analiza la validez de la disposición expedida por el Gobierno Nacional.
La demanda de nulidad busca que el alto tribunal determine si el decreto se ajusta al ordenamiento jurídico. Mientras ese proceso avanza, la medida cautelar impide que continúe vigente la eliminación de la prima especial de servicios.
La decisión judicial representa un paso dentro del control de legalidad que ejerce el Consejo de Estado sobre los actos administrativos expedidos por el Ejecutivo. El análisis de fondo continuará hasta que los magistrados adopten una sentencia definitiva sobre la demanda.
Con esta determinación, el decreto queda suspendido temporalmente y la controversia sobre la eliminación de la prima especial de los congresistas permanecerá en estudio ante la jurisdicción contencioso administrativa.
