Las lluvias persistentes han causado daños estructurales que imposibilitan la habitabilidad de 2.660 viviendas, mientras 9.000 hectáreas de cultivos quedaron destruidas por las inundaciones.
El balance oficial reporta cuatro corregimientos afectados, 75 veredas impactadas, 22 centros educativos y ocho establecimientos de salud con daños. Además, 13 acueductos rurales presentan averías que limitan el suministro de agua potable.
Las 5.400 familias damnificadas, que representan 19.825 personas, enfrentan pérdidas económicas significativas por la destrucción de sus viviendas y cultivos, principales fuentes de sustento en la región.
De las familias caracterizadas, 4.040 recibieron evaluación completa de sus condiciones, permitiendo identificar necesidades específicas para la entrega de ayuda humanitaria y la planificación de programas de recuperación.
La administración municipal coordina con la UNGRD, Urrá, organismos de socorro y entidades de cooperación nacional e internacional para atender la crisis y preparar la digitalización de información en plataformas estatales.
Las comunidades afectadas requieren alimentación, agua, servicios de salud y acompañamiento psicosocial como respuesta inmediata. Las autoridades continúan las reuniones del PMU para monitorear la evolución de la emergencia y ajustar los protocolos de atención.
