En Colombia, el acceso a la tierra ha sido históricamente, la génesis de los conflictos políticos y sociales, pero también es un factor que determina en gran medida la productividad de una actividad económica que desde 1994 aporta un porcentaje que oscila entre el 10 y el 14% al total del producto interno Bruto del País.
A pesar de todo, el sector agropecuario Colombiano afronta una crisis, acrecentada en la última década por el cambio climático y los tratados de libre comercio, pero también es cierto que la estructura agraria del país ha estado caracterizada por la tenencia en pocas manos de grandes extensiones de tierras, muchas de ellas dedicadas a la ganadería extensiva, que según expertos, “amplía la frontera agrícola hacia tierras frágiles, generando un grave riesgo ambiental y problemas sociales”.
Según el Dane, a pesar de la necesidad que tiene el país de incrementar la frontera agrícola y reducir extensión de tierra dedicada a la ganadería, los resultados de la Encuesta Nacional Agropecuaria divulgados en mayo de este año, revela que las metas no se están cumpliendo.
De acuerdo con las cifras de la entidad, en el 2013, “el área dedicada a la producción de diferentes tipos de ganado aumentó de 30 millones de hectáreas a 30,36 millones de hectáreas, lo que equivale a un crecimiento de 1,2 por ciento, en tanto que el territorio destinado a las siembras de productos agropecuarios registró un descenso de 2,96 millones de hectáreas en el 2012 a 2,75 millones de hectáreas”, reseña el diario económico portafolio.
Esta dicotomía entre desarrollo y desigualdad, supone uno de los grandes retos dentro del proceso que adelanta el Gobierno Colombiano con las Farc, por eso, no sorprende que el primer punto de la agenda acordado por ambas partes sea precisamente el tema del desarrollo agrario integral.
En la Habana se acordó crear un fondo de Tierras, “Con el propósito de lograr la democratización del acceso a la tierra, en beneficio de los campesinos sin tierra o con tierra insuficiente y de la comunidades rurales más afectadas por la miseria, el abandono y el conflicto”, así lo reseña el borrador del acuerdo que hace unos días el gobierno decidió desclasificar.
En ese mismo punto, también se habla que el fondo propenderá por la regularización de los derechos de propiedad, desconcentración de la propiedad de la tierra y distribución equitativa de las mismas.
Según el acuerdo, las tierras que harán parte del fondo provendrán de la extinción judicial de dominio a bienes adquiridos con dineros ilícitos producto del narcotráfico, tierras recuperadas a favor de la nación, tales como baldíos que hayan sido ocupados fraudulentamente, terrenos que provenga de la actualización que el gobierno hará de la ley de Reservas Forestales.
A pesar de esto, Alfredo García Burgos, presidente ejecutivo de la Asociación de Ganaderos de Córdoba, Ganacor, asegura que es necesario que el gobierno colombiano “haga claridad y ponga las cartas sobre la mesa” para conocer el contexto del acuerdo firmado y las implicaciones que esto traería sobre los poseedores legales de tierras que por tradición ha sido destinada a la ganadería y a la agricultura.
El dirigente Gremial, ve con preocupación que Córdoba fue por muchos años un foco de conflicto armado que desangró los campos y ahora hay nuevas amenazas que se ciñen sobre este sector en crisis.
“Nos preocupa que sean las Farc, las que dictaminen cuáles serán las tierras que se van a expropiar, y así les arrebaten los terrenos a los ganaderos y agricultores que las han obtenido por la vía legal”, enfatizó García Burgos.
La inquietud del dirigente gremial, fue expuesta recientemente en un Foro organizado por la Revista Semana, en el cual participó el Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, pero las explicaciones de Jaramillo no dejaron del todo conforme a García Burgos, que reclama del Gobierno mayor claridad sobre un punto que será el eje de un posible postconflicto.
