La Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco) presentó una demanda de nulidad contra el Decreto 234 de 2026 ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo y solicitó su suspensión provisional. El gremio sostiene que el Gobierno Nacional se excedió en sus funciones al crear un régimen jurídico autónomo en materia de negociación colectiva sin pasar por el Congreso, en abierta violación de los principios de legalidad y separación de poderes consagrados en la Constitución.
El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, mencionó que “El Gobierno está legislando por decreto en un tema tan sensible como la negociación colectiva, desconociendo abiertamente al Congreso y alterando las reglas del juego para empresas y trabajadores”. Para el gremio, el decreto no reglamenta ninguna ley existente, sino que la reemplaza, algo que el Ejecutivo no tiene facultad de hacer.
Uno de los puntos más graves que señala la demanda es que el decreto reproduce contenidos normativos que el Congreso rechazó expresamente durante el trámite de la reforma laboral. Además, impone un modelo obligatorio de negociación colectiva multinivel, con unidad de pliego, mesa y convención, una figura que no existe en la legislación laboral colombiana vigente. “Esta configuración redefine estructuralmente el sistema de relaciones laborales en el país”, señaló Cabal.
El gremio también cuestiona que el decreto obligue a las empresas a suministrar información económica y estratégica sin que una ley lo autorice, lo que a su juicio vulnera la libertad de empresa y el derecho al secreto empresarial. A esto se suma una carga económica obligatoria para trabajadores no sindicalizados derivada de convenciones colectivas sectoriales, situación que Fenalco compara con un tributo sin representación.
Otro flanco que abre la demanda es el impacto sobre los sindicatos pequeños, las reglas de representatividad que fija el decreto reducen su capacidad real de incidencia en la negociación, lo que según Fenalco restringe derechos fundamentales por vía administrativa. “Eso es inaceptable en un Estado de Derecho”, concluyó Cabal.
